Investigan por homicidio al geriátrico Vitalia de Leganés

  • Admitida a trámite la querella de 20 familias por los fallecimientos de 96 ancianos en la primera ola de la pandemia

El juzgado de Instrucción 5 de Leganés investiga desde esta semana delitos de homicidio imprudente y denegación del deber de socorro a 96 ancianos muertos de covid en la residencia Vitalia de esa ciudad de la periferia madrileña. Se trata de una de las pocas querellas por la gran mortandad de los geriátricos que se abre paso en los juzgados españoles argumentando un posible delito de homicidio.

Dos operarios trasladan un ataúd en la residencia de ancianos Vitalia de Leganés, en abril pasado. /DAVID CASTRO

La residencia Vitalia de Leganés fue uno de los geriátricos más golpeados por el coronavirus en la dramática primera etapa de la pandemia. La querella presentada representa las muertes de 20 ancianos entre los 96 de 266 residentes que fallecieron en solo un mes: entre el 13 de marzo y el 13 de abril de 2020. Más adelante morirían once más cuyos casos no están abarcados en esta denuncia.

La querella pide que se investigue como posibles autores de los delitos a la entonces directora de la  residencia, Diana Muñoz, al jefe de operaciones de Vitalia, Antonio Morales, y a José María Cosculluela, presidente de Vitalia Home, entre otros directivos de una firma cuyo capital es en su mayoría del fondo de inversión británico CVC.

El auto del juzgado número 5, emitido el pasado 22 de enero y comunicado hoy a las partes emplaza a la residencia Vitalia a que en diez días aporte “los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid durante los meses en que se produjeron los hechos y, en particular, los criterios de derivación de los residentes a centros hospitalarios”.

Se trata de una información que de forma reiterada se ha negado a la jueza que investiga, Mónica Boticario Martín, y así lo expresa en el auto de admisión a trámite, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO:  “…documentación que ya ha sido requerida por este juzgado por oficio de fecha 26 de noviembre, reiterado el 19 de enero y al que no se ha dado cumplimiento”.

Se refiere a otra denuncia penal, de la plataforma Marea de Residencias –esta incluye entre los acusados a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Escudero-, a la que se suma la admitida ahora a trámite.

La de este martes fue presentada en julio de 2020 ante el juzgado de instrucción 1 de Leganés, y este ha derivado al 5, donde se investigan todas las que en el mundillo legal llaman “denuncias covid” de la ciudad. Sobre la jueza Boticario Martín recaen las pesquisas de las muertes por coronavirus en una de las ciudades donde más se ensañó esta epidemia, con una gran incidencia en el Hospital Severo Ochoa -482 muertos iban ya en el recuento de julio pasado- y en esta residencia.

Veinte historias descarnadas

La jueza exige también a Vitalia -como información que tampoco le han dado aún pese a sus requerimientos-,  “informes por escrito de cuáles eran los medios de protección individual y personal de los que disponían en esas fechas, así como las medidas de seguridad adoptadas”.

Y, como novedad para una investigación minuciosa, la resolución del juzgado 5 de Leganés incluye otra petición con diez días de plazo: “La historia de dichos residentes y las decisiones que se adoptaron respecto a cada uno de los perjudicados en particular”.

La querella que motiva estas nuevas pesquisas reúne en 119 folios el relato de 20 familiares de otros tantos fallecidos y tres ancianos a los que se considera víctima de lesiones por falta de atención y protección ante el virus. Se trata de “un relato escalofriante. No estoy acostumbrado a leer historias tan dramáticas”, se sincera el abogado impulsor de la querella, Mario Carreño.

Este letrado pidió en la primavera pasada a las familias, en su inmensa mayoría hijos, que le contaran por escrito punto por punto lo que les había pasado a sus padres ingresados en Vitalia Home Leganés. Y ese relato, con sus palabras, llega ahora a la jueza.

Llevan solo los datos que pudieron reunir las familias, porque una de las características de su sufrimiento es que en el final de marzo y principio de abril no tenían forma de conseguir información alguna sobre sus parientes. De hecho, más de una de las familias denunciantes se enteró de la muerte de su anciano cuando les llamó la funeraria.

Nueve muertos en un día

Los días en que tuvieron lugar los hechos ahora objeto de investigación fueron terribles, con fallecimientos diarios tras los muros de un edificio ante el que aún se estremecen numerosos vecinos de Leganés al pasar. “Hubo un día en que hubo nueve muertes, y jornadas en las que un hijo perdía al tiempo al padre y a la madre”, recuerda Carreño.

Una de las principales dificultades de la averiguación de los hechos residirá en las causas oficiales de las muertes, pues en marzo y abril muchos fallecimientos de ancianos, por falta de prueba, se certificaban como “posible covid”.

La componente de imprudencia de los homicidios denunciados reside, razona el abogado, en que, “ante un mal previsible no se adoptaron las medidas posibles para evitarlo, más allá de los meros protocolos de la Comunidad de Madrid. En la misma región ha habido residencias en las que solo falleció una persona. Se trata de investigar si en este caso hubo la debida diligencia”.

Ramona, a la espera aún

Esta no es la primera de las causas que afronta Vitalia en los juzgados por la mortandad de ancianos en la primera ola de la pandemia. En el Juzgado de instrucción de Navalcarnero, al oeste de Madrid, está a la espera de que se admita o no a trámite la demanda penal de Ramona Carvajal, hija de Alejina Jiménez, que murió de covid a los 89 años de edad, el 9 de abril de 2020, después de semanas intentando que la residencia Vitalia de Griñón la derivara a un hospital.

La estremecedora grabación de una conversación de Ramona con la doctora que trataba a su madre, adelantada por EL PERIÓDICO, supuso un antes y un después en la investigación de lo ocurrido en las residencias.

El juzgado donde se espera que se abran diligencias por este caso es uno de los más atorados de España. Entre los denunciados por Ramona Carvajal están el director de la residencia, Juan Carlos Lope, y miembros de la dirección médica del Hospital de Parla, también por supuestos delitos de omisión de socorro.

La incógnita catalana

En la Fiscalía de Barcelona fue archivada la petición de investigación a una treintena de geriátricos de la capital catalana y su área metropolitana interpuesta por la Coordinadora de Residencias. En ella se incluían también acusaciones por las muertes en la residencia barcelonesa Vitalia Sants.

“En Catalunya no hubo los correos electrónicos y las pruebas escritas que se han manejado en Madrid”, lamenta la portavoz de la coordinadora, María José Carcelén. “No se llamó a declarar a ninguno de los denunciantes”, añade. Y se detiene en señalar que en Catalunya sigue siendo una incógnita el número real de ancianos muertos por covid en sus residencias. La cantidad oscila, según la etapa y la fuente, entre los 4.000 y los 6.000, si se tienen en cuenta los fallecidos también “por la generalizada no derivación de ancianos a los hospitales”, denuncia la activista barcelonesa.

Fuente: El periódico. Link


Irene Martín

Mi cargo actual es redactora en la web de ‘Teleganés’ y a su vez dirijo el Twitter del mismo.