Las autonomías podrán alojar en viviendas privadas a ‘colectivos desprotegidos’

El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial por la que se modifican algunos programas relativos al Plan Nacional de Vivienda y que, entre otras cosas, permite a las administraciones autonómicas obligar al alquiler de viviendas privadas para hacer frente a necesidades específicas de «víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».

El aspecto más polémico de esta modificación está en el apartado 3, que recoge la obligación de que las comunidades autónomas pongan a disposición de estas personas «una vivienda de titularidad pública» . Sin embargo, cuando esto no sea posible, el ministerio que encabeza José Luis Ábalos va un paso más allá: «Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes».

Fuentes del Ejecutivo citadas por Vozpopuli niegan que ésto deje la puerta abierta a cualquier tipo de expropiación, lectura que se ha extendido ampliamente este sábado. Sin embargo, reconocen que faculta a las administraciones a contactar directamente con los propietarios para poner viviendas a disposición de estas «personas especialmente vulnerables». Los dueños de las viviendas cobrarían a través de las ayudas que la propia Administración concedería a los beneficiarios, y que también recoge el BOE de este sábado.

El secretario general de Vivienda, David Lucas, ha negado que la orden para modificar el Plan Estatal 2018-2021 que se ha publicado este sábado en el BOE faculte expropiaciones de viviendas privadas o ampare ‘okupaciones’ u otras prácticas ilegales, tal como han denunciado PP y Vox.

«No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho», ha explicado Lucas en declaraciones a Europa Press.

Se trata de ayudas de «hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido», que en algunos supuestos se puede elevar hasta 900 euros. Por otro lado, se contemplan ayudas complementarias de «hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos».

El redactado de la orden ministerial no especifica que este tipo de viviendas privadas deban estar vacías, aunque el uso de este tipo de inmuebles es una reclamación habitual de Podemos y sus partidos afines. El gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona, por ejemplo, expropió por primera vez en junio de 2019 una vivienda vacía a un banco, al que indemnizó por un importe de 10.000 euros por un período de 10 años, según informó El País.

Colau lo hizo entonces amparándose en la ley catalana de emergencia de la vivienda 4/2016, que a su vez remite Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 aprobada por el tripartito y suspendida durante casi 10 años por el Tribunal Constitucional.

Esta nueva orden ministerial, dictada al amparo de la situación del estado de alarma declarado en España desde el pasado 14 de marzo, pretende según su redactado hacer frente a «situaciones de extrema urgencia, que hasta el momento no eran resueltas por el programa al que sustituye, por ser ineficaz en su diseño para abordar el impacto de la pandemia que se está sufriendo, y que con seguridad va a prolongarse más allá de la suspensión» de los lanzamientos aprobados en el Real Decreto 11/2020 de medidas económicas y sociales promovido por la vicepresidencia de Pablo Iglesias.