Vuelta insegura y discriminatoria a las aulas de la educación infantil

Los Colectivos de Educación Infantil de Madrid abajo firmantes queremos poner de manifiesto nuestra sorpresa y profunda preocupación ante la medida que el Gobierno de la Nación ha propuesto en relación a la vuelta a las aulas de los niños y niñas menores de 6 años cuyas familias hayan de trabajar presencialmente.

No se ha dado ninguna explicación sobre los criterios (pedagógicos, sociales y sanitarios) que, entendemos se habrán tenido en cuenta para hacer un análisis riguroso antes de haber tomado esta decisión.
Si el planteamiento de reapertura de los centros tiene una función social, para aquellos padres y madres que deben ir a trabajar debiera serlo para toda la infancia que no puede aún quedarse sola con condiciones de seguridad física y emocional, por lo tanto para gran parte de la etapa de Primaria.

Pero sorprendentemente vemos que se hace solo en los primeros años, generando situaciones como el que varios hermanos con distintas edades, uno en infantil y otros en primaria tengan distinto tratamiento. ¿Es que a partir de 6 años pueden quedarse solos en sus casas

Pero hablemos de seguridad, la misma que determinó que Escuelas Infantiles y Colegios, junto al resto de centros educativos, fueran los primeros que se cerraron, seguridad que, ahora, es imposible de garantizar con esta decisión, más aún cuanto menor es la edad porque mantener, por ejemplo, la distancia física requerida es irrealizable en la Educación infantil.

Pero además nos preguntamos: ¿Cuáles son las medidas sanitarias que el Gobierno ha barajado tanto para los niños y niñas como para profesionales? ¿Qué garantías tenemos de que no se contagien entre sí y a sus familias y de que los y las profesionales no contagien a las suyas? ¿Quiere ahora decirse que la seguridad que se salvaguarda para la infancia y la adolescencia a partir de 6 años no importa antes de esa edad
Si se mira desde el punto de vista profesional la medida es muy discriminatoria, porque se obliga a la vuelta al trabajo a profesionales que, en el caso del primer ciclo (0-3 años), han recibido el ninguneo de las administraciones.

Estas no han tratado como docentes a este tramo profesional de educadores y educadoras al ignorar, en la mayoría de territorios, el trabajo online de acompañamiento, sostén y orientación a familias y criaturas, al negar durante el confinamiento esta opción para mantener vínculos necesarios con las familias. En muchas Comunidades Autónomas se han suspendido contratos y convenios con empresas y con administraciones municipales, provocando muchos ERTEs en las primeras y despidos en las segundas. ¿Quiénes, en el supuesto de reapertura, van a llevar a cabo esta tarea de educar y atender a los menores de 6 años?, ¿solo aquellos centros cuyo personal dependa directamente de Comunidades o Ayuntamientos?

Con esta decisión el segundo ciclo recibe también un trato de asistencialidad, función que con demasiada frecuencia y desde el desconocimiento, se da al primero. En todo caso, no hay equidad entre lo que se hace con la Etapa de Infantil y lo que se hace con el resto de etapas educativas; tampoco hay seguridad para criaturas y profesionales con su regreso a los centros, lo que se extiende a sus familias.

La conciliación es un concepto que procede del mundo laboral, y que se ha querido trasladar al educativo, concretamente en la primera etapa, y en especial en el primer ciclo. La conciliación tiene que ser familiar y laboral, no escolar y laboral.

Son políticas socio-laborales las que deben dar respuesta, por ejemplo como se propone en algunos países de nuestro entorno, subvencionando a un progenitor o progenitora para que se quede al cuidado infantil mientras el otro o la otra se incorpora al trabajo.

Por todo lo expuesto, creemos que la decisión propuesta es una mala solución porque atenta contra la salud, pues no se tienen las garantías sanitarias que, sin embargo, se exigen para otras desescaladas; es injusta con profesionales de Infantil respecto a las otras edades y es incompleta al no dar respuesta a quienes en Primaria también lo precisarían si el argumento del Gobierno fuese coherente.

Pedimos al Gobierno de la Nación que recapacite sobre esta decisión y retire la propuesta de abrir los centros para los niños y niñas menores de 6 años.